Con amplio respaldo parlamentario, el Congreso Nacional aprobó y despachó a ley el proyecto que impone a las concesionarias de obras públicas viales la obligación legal de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección para los usuarios de las autopistas, así como de sus bienes.
La iniciativa, parte de la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo, fue aprobada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados por 137 votos a favor y 4 abstenciones. Con este resultado, el proyecto quedó listo para su promulgación como ley de la República.
Desde el Gobierno, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, valoró la aprobación y destacó que la nueva normativa “viene a reforzar el trabajo que hemos desarrollado como gobierno en materia de seguridad en las autopistas. A partir de hoy, las concesionarias tendrán la obligación de garantizar el tránsito seguro de las personas con un conjunto de acciones, medidas y tecnologías, que van a convertir nuestras rutas en lugares mucho más seguros”.
Entre las nuevas exigencias, se incluye la instalación de más y mejores cámaras de seguridad, lectores de patentes, sistemas de iluminación, y una mayor interoperabilidad entre las plataformas tecnológicas de las concesionarias. Estos elementos deberán estar disponibles para el trabajo policial y del Ministerio Público, facilitando la persecución de delitos y la protección de los usuarios.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, también valoró la transversalidad del apoyo legislativo, señalando que “este proyecto incorpora nuevos y mayores estándares de seguridad en las concesiones viales, algo que es tan importante para todos los usuarios que utilizan autopistas a diario”.
Además, explicó que la ley obliga a las concesionarias a compartir en tiempo real las imágenes y datos obtenidos a través de sus sistemas, tanto con Carabineros como con la Fiscalía, cuando así se requiera para la investigación de delitos. Esta interoperabilidad deberá aplicarse tanto a contratos vigentes como a futuras concesiones.
En cuanto a la implementación, el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Ministerio del Interior, tendrá un plazo máximo de cinco años para modificar los contratos actuales que no cuenten con estas medidas, estableciendo también sanciones específicas para quienes no cumplan con lo dispuesto por la ley.
El proyecto fue originado en una moción de los senadores Ximena Rincón, Ximena Órdenes, Juan Luis Castro, Iván Flores, Matías Walker, Manuel José Ossandón, María José Gatica, José Miguel Insulza, Rafael Prohens y Kenneth Pugh.
• FUENTE; MUSICAYNOTICIAS.CL
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